Recuerdo que el año 1966, después que el gran terremoto de La Ligua derrumbó la casa donde vivíamos en Recoleta, fuimos relocalizados en unas media-aguas de emergencia en lo que después se convertiría en la Población Santiago.
El primer problema que enfrentamos fue la amenaza de avasallamientos -o tomas como se llaman en Chile- por parte de gente que quería ocupar los espacios comunes, para instalarse allí con sus carpas plantando una bandera chilena.
Casi todos eran malvivientes, que vivían más abajo, a orillas del Zanjón de la Aguada y así fue como los vecinos empezaron a montar guardias, armados con palos para rechazarlos en cuanto aparecieran.
Hiceron un solo intento y después de la paliza ya no volvieron más.
Esa costumbre de las tomas había empezado unos diez años antes, hordas de gente marginal de las "poblaciones callampa" como se llamaban entonces, empezaron a mover sus rucos de las orillas de los ríos y de las cuevas del Cerro Blanco, hacia terrenos mejor ubicados.
Una vez que se instalaban ya no había como sacarlos, la primera toma masiva fue en 1957 y dió origen a la Población La Victoria, desde entonces hasta el día de hoy no han parado, con la excepción de los 17 años del Gobierno Militar donde, por razones obvias, dejaron de ser costumbre.
La historia oficial cuenta que las tomas empezaron de manera espontánea por la desesperación de la gente ante las malas condiciones en que vivían en las poblaciones callampa.
Eso es mentira, cada una de las tomas en Chile fueron planficadas, dirigidas y gestionadas por activistas de la izquierda, ninguna fue espontánea, los años sesenta fueron de las tomas y los secuestros de aviones.
La usurpación ilegal de terrenos en Chile se convirtió, de pronto, en uno de esos temas que nos recuerdan lo frágil que puede ser el ordenamiento legal en un país.
Toda toma es un turbazo, una usurpación que solo es factible por la cantidad de gente que participa en ella, su número hace imposible rechazarlos.
No son solo los campamentos por necesidad -las nevesidades siempre existen- sino que se han convertido en una plaga que se expandió por todo el país.
Las usurpaciones o tomas con el tiempo se han convertido en una enorme oportunidad de negocio, donde son muchos los que ganan y muy pocos los que pierden, eso explica su crecimiento como espuma durante décadas.
El primero en ganar es el que usurpa un terreno que no es suyo y de hecho se apropia -por la vía de hecho- de un activo que vale millones, sin pagar un puto peso.
Creo que no existe en el mundo negocio más rentable y sencillo que participar en una toma y -sin haber pagado un centavo- terminar adquiriendo un título de propiedad.
Pero no solo el usurpador, también ganan los intermediarios que ponen a muchos de los suyos a usurpar lotes de terreno y enseguida los venden a terceros siguiendo la lógica del medio pollo, así ganan muy buena plata sin haber invertido ni uno.
Otros que ganan son los políticos y abogados que defienden a los usurpadores en distintos niveles, desde los activistas que fomentan y organizan los "comités", los abogados que impiden los desalojos y los peces gordos que generosamente terminan dando el perdonazo y comprando los terrenos para regalarlos.
Compran con la plata de nosotros, los giles, obviamente.
Desde hace muchos años ha existido un negocio muy turbio con eso, porque a veces los mismos dueños de los terrenos fomentan la usurpación y se arreglan con los politicos para que el gobierno les compre a precio de oro.
Un fenómeno relativamente nuevo son las tomas VIP en la costa, donde se llenó de verdaderas ciudades con casas en la playa, puras tomas. Un negocio a la vista de todos, sin respeto por la ley ni el dominio ajeno.
En el sur, escudados por "la causa mapuche" se han hecho durante décadas -desde 1990 para ser más exactos- grandes negocios inmobiliarios ilícitos con la compra de terrenos por el fisco amparados en la absurda ley indígena.
Es la cara más dura de la anomia, esa sensación de que las normas no importan y que "el que no llora no mama", llevado al extremo de apropiarse de lo que no es de uno.
No fue sino hasta noviembre de 2023 -hace menos de dos años- que la situación se hizo tan descontrolada que finalmente los políticos se vieron obligados a aprobar la Ley 21.633, conocida como la Ley de Usurpaciones.
Recién entonces se tipificó la ocupación ilegal como un delito con sanciones que, por fin, incluyen penas de cárcel.
Antes, los políticos hipócritas lo presentaban como un simple conflicto entre particulares, que se resolvía con juicios de precario largos y tediosos. El Estado apaenas miraba de lejos.
Si la usurpación es sin violencia, pero causando daño en las cosas, la pena es menor, pero sigue siendo presidio. Se aplica una escala según el valor del daño en Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
Y si no hay violencia ni daño a las cosas, igual hay pena: presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) o multa. Pero el tribunal considerará si hay reincidencia o si se actuó por necesidad habitacional.
La ley se pone dura, especialmente si la toma es en un lugar habitado, o si obstaculiza servicios públicos (electricidad, agua) o la acción contra incendios. Aquí se aplica el máximum o grado máximo de las penas. Lógico, porque la irresponsabilidad no puede poner en peligro a terceros.
Uno de los puntos más debatidos fue la figura de la flagrancia. La policía siempre puede detener a un imputado mientras esté cometiendo el delito. Pero la nueva ley extiende este concepto: cualquier persona puede detener al usurpador en flagrancia hasta 12 horas después de iniciada la ocupación ilegal.
Esto es una respuesta a la realidad de que la toma, muchas veces, se consolida rápidamente y el dueño legítimo queda atado de manos.
Contra la oposición cerrada de la izquierda y el gobierno, se aprobo que el propietario podía ejercer la legítima defensa privilegiada dentro de la propiedad, permitiendo al dueño defenderar el inmueble "por su cuenta", usando la fuerza necesaria en ciertos casos.
Claro que si bien refuerzan los derechos del propietario, la ley insiste en mantener el monopolio de la fuerza en el Estado, es decir que ni siquiera puedes defender tu casa en el evento de un turbazo, o por lo menos el derecho a defensa está limitado. Una aberración.
La ley establece una sanción de multa (no presidio) al dueño o poseedor que use violencia o intimidación para desalojar, si lo hace para recuperar su inmueble, sin perjuicio de otras sanciones por la violencia causada. Otra aberración.
Durante el Gobierno Militar no solo se terminaron las tomas sino que además desaparecieron las poblaciones callampa de gente viviendo al borde de los ríos (como el Zanjón de la Aguada) o en cuevas (como en el cerro Blanco).
La solución fue muy inteligente y tomó unos diez años en dar sus frutos. Primero que nada las tomas fueron reprimidas sin contemplaciones.
Segundo, la gente que no tenía donde vivir y lo hacía en condiciones muy precarias fueron catastradas por primera vez en nuestra historia.
Eso se llamó "El mapa de la extrema pobreza" y fue un avance extraordinario que sigue hasta hoy con la encuesta CASEM, un ejemplo para toda América y el mundo.
Una vez contados y categorizados todos los extremadamente pobres se empezó a solucionar el problema. Este milagro fue obra de Odeplan dirigido por Miguel Kast Rist, hermano del actual candidato a presidente José Antonio Kast.
Al principio Chile estaba saliendo de una crisis espantosa que había dejado Allende, así es que en terrenos de Bienes nacionales, grandes y pequeños, se urbanizaron y se entregaron lotes con las llamadas "casetas sanitarias", de un baño y una cocina constridas con bloquetas.
El asignatario tenía que construir el resto como pudiera. Así fue como nacieron en Arica las etapas de la Población 11 de Septiembre (ex toma "Venceremos") que hoy es un excelente barrio residencial de clase media. Lo mismo se hizo en el pueblito de San Miguel de Azapa y otros barrios.
Con el tiempo se empezaron a entregar casas mejores, en 1980 más o menos, a mi mamá le entregaron una casita de bloquetas de unos 30 metros cuadrados con los planos para ampliarla, el terreno debe haber sido de unos 90 o 100 metros.
Todas esas casas se pagaban, aunque el pago mensual era bajísimo y con los años hubo perdonazos, ninguna casa era en principio regalada, como han llegado a ser ahora.
Porque una de las ideas más funestas, lo que ha podrido a nuestro país, es eso que las personas tienen derecho a exigir al gobierno que les solucione sus problemas. Esto al final los reduce a convertirse en esclavos de los políticos y gobierno de turno.
No hay idea que haya corrompido de manera más profunda a nuestra sociedad que esa de "un estado social de derechos", que al final se traduce en una sociedad de parásitos, estafadores y finalmente delincuentes.
Muchos políticos todavía defienden a los usurpadores insinuando que el estado tiene la obligación de solucionar sus necesidades de vivienda, por el solo hecho que son pobres. Ese es un engaño burdo porque ningún estado del mundo tiene plata para regalar viviendas a todo el que necesite una.
Así es como se ha creado la actual sociedad de eunucos, aprovechadores e incluso delincuentes protegidos por el estado -los usurpadores- con el hipócrita argumento que "debemos ayudar a esa pobre gente".
Menos mal que -tal como en muchos otros aspectos- estas ideas demagógicas y torcidas van perdiendo prestigio aceleradamente a medida que crecen las crisi,s
¿Quién dijo que las crisis y los malos gobiernos solo causan perjuicios? También sirven para que la gente reaccione y abra los ojos.
