Economía del agua y la estafa de desaladoras

Estoy en la cuarta semana del curso sobre economía del agua del BID y creo que ya me doy cuenta de para donde va la cosa: es más o menos la explicación estandar que justifica por que el gobierno debe regular la repartición del agua entre los usuarios.

Podría definir el curso de una manera muy simple a través del siguiente cuento: tenemos una cuenca con la cordillera donde se generan las lluvias y deshielos, allí nace el río que va bajando y riega diversos valles hasta llegar a la ciudad que está cerca de la costa. Los que están aguas arriba tienen ventajas naturales porque disponen de agua en abundancia y si la contaminan esta sigue su camino hacia abajo sin que los afecte a ellos. Como el agua es de todos se necesita que la repartición sea regulada, bien por leyes y reglamentos del gobierno o por acuerdo entre los usuarios (gobernanza). Así es más o menos como pintan el problema en el curso y así es como lo ve el BID y probablemente la mayoría de los políticos.

¿Que tiene de malo esa visión que parece tan lógica y perfecta?  El error fundamental es lo que puse en cursivas: resulta que el agua no es de todos, ese es un error básico y fundamental que lleva a la mayoría de los problemas que tienen las cuencas.

Es obvio que el agua no es de todos sino de quienes la consumen. Pensemos en una total anarquía donde no exista estado ¿que pasa con los usuarios de la cuenca? La ley del gallinero nomás, los que están más arriba se benefician más que los que quedan aguas abajo, que reciben cada vez menos. Esto no tiene nada raro ni anormal, es tan común como que algunos tienen tierras más fértiles que otros o que en algunos lugares llueve en abundancia mientras otros son muy secos.

Las ventajas de localización no son nada nuevo. ¿Y por que entonces nos choca tanto esto que es bastante natural? La razón es que el agua ha sido siempre muy abundante por lo que se tiende a considerar un bien infinito, gratis y disponible para todos. Lo peor es que históricamente, cuando un gobierno o comunidad se pone a repartirla, se le ha asignado al agua el principio ese de Marx "a cada cual según sus necesidades". Entonces el regulador es el supremo árbitro que determina cuales son las necesidades de cada cual en un proceso arbitrario, que obviamente está sujeto a cualquier clase de abusos.

Otra cosa sería si en los lugares donde la demanda supera a la oferta el agua tuviese precio, con eso se evitaría un montón de los actuales problemas. En el curso se hacen varios juegos para ilustrar la tragedia de los comunes y lo que ellos llaman una "distribución equitativa" del agua. La idea de una distribución equitativa es absurda porque las necesidades de los usuarios tienen enormes diferencias. ¿Para que necesito yo los miles de metros cúbicos que necesita un agricultor?

El agricultor necesita mil veces más volumen de agua que el que necesito yo para mi consumo personal y cien veces o más del agua que necesita una operación minera o industrial  ¿quien tiene entonces "más derecho" al agua disponible? En principio nadie porque el agua es bien público, allí está la base del problema, que no tiene nada que ver con la equidad sino con el desperdicio.

El problema es que si el gobierno define quien tiene derecho y quien no, los que tienen influencia organizada y poder de presión política siempre saldrán beneficiados en desmedro de los que están desorganizados y no pueden presionar efectivamente, los agricultores que pueden armar grandes protestas, cortar caminos, etc. siempre estarán en mejor posición y recibirán trato privilegiado sobre las industrias y los usuarios domiciliarios urbanos, eso explica que no paguen un peso por gran parte o toda el agua que ocupan. Y no solo eso, el estado además les regala costosas obras de canalización y riego disfrazadas de inversiones de interés social.

Mucho más sencillo y justo sería que el agua -en los lugares donde no hay en exceso- fuese tratada como lo que es: un bien económico relativamente escaso igual que cualquier otro, que se puede comprar y vender tal como cualquier otra mercancía. El sistema de precios permitiría que al que le sobra el agua la venda y el que le falte la compre, me estoy refiriendo a los usos agrícolas e industriales porque el agua potable es otro cuento, que al menos en Chile está resuelto razonablemente bien.

Si el agua siempre tiene precio, nadie hará cultivos donde este precio es muy alto, o sea donde es muy escasa, los que cultiven en estos lugares deberan plantar productos de alto retorno para costear el mayor precio del agua y la cuidarán como hueso de santo.

Chile es el país del mundo que está más cerca de esta situación con los derechos de aprovechamiento de aguas que se pueden transar libremente, sin embargo existe una distorsión porque la primera apropiación es gratis y está sujeta a muchas de las arbitrariedades de la repartición del gobierno por medio de decisiones políticas y reglamentos.

Así es como muchos agricultores de subsistencia han recibido -muchas veces por razones políticas o aprovechando flaquezas reglamentarias- derechos de agua que les permiten usarla gratis y para siempre ¿Que pasa entonces? Que esa agua gratis la derrochan o aumentan sin límite la cantidad de sus hectáreas cultivadas hasta que vuelven a llegar a una situación de sequía.

La llamada "sequía" normalmente no es un problema hidrológico, sino político. En la enorme mayoría de los casos no es provocada por falta de lluvias, sino por el incentivo perverso de los gobiernos al subsidiar el agua de riego, lo que estimula el derroche y el crecimiento ilimitado de los cultivos en terrenos que no son naturalmente aptos.

Por supuesto que en un clima de desierto costero como el de Arica se pueden obtener tres o más cosechas al año si se tiene riego abundante, pero esa no es una ventaja real, porque estamos en el lugar más árido del mundo donde jamás llueve y ese "riego abundante" sale a costa de los usuarios urbanos, que cada mes pagan -muy caro- cada vaso de agua que consumen.

Si el agua tuviese precio para los agricultores, tal como pagan por las semillas, abonos e insecticidas, no existirían esos cientos -o tal vez miles- de pequeños agricultores en nuestros valles que se están forrando a costa de subsidios encubiertos del gobierno. Su ganancia la pagamos con impuestos todos los chilenos y con agua potable cara y de pésima calidad los consumidores urbanos que vivimos en la cuenca.

Un amigo bien informado me dice que -entre gallos y medianoche- ya se tomó la decisión de instalar una planta desaladora para el agua potable en Arica. No me extraña nada, esa gran cadena de estafas comenzó hace varios años, cuando durante la presidencia de Eduardo Frei se instaló la planta Desalari en Lluta, siguió cuando durante Sebastian Piñera redestinaron los derechos de agua de los pozos Concordia para pequeños agricultores y empresas semilleras y el golpe fial será la instalación de una planta desalinizadora.

Se cumple lo de siempre: son beneficiados los que tienen más poder de presión, somos perjudicados los usuarios urbanos con agua más cara y de calidad aun peor, la mejor agua de la cuenca, que es muchas veces mayor a las necesidades de la ciudad de Arica se destinarán a regar los narco-tomates y a subsidiar a semilleras que no necesitan subsidios y, finalmente, se harán billonarios negociados con las empresas relacionadas a las desaladoras. No tengo dudas que las coimas que hay en ese mega-negocio son gigantescas.

El agua donde escasea debe tener precio, ese precio debe determinarlo el mercado y deben pagarlo todos, especialmente los agricultores que son quienes más agua usan y quienes más se aprovechan obteniendo este recurso completamente gratis en la mayoría de los casos. No sirven las regulaciones del gobierno y mucho menos sirve la mal llamada "gobernanza" que no es otra cosa que un acuerdo entre mafiosi, esa es la realidad. Sia alguien le interesa la justicia en la repartición del agua, entonces que empiecen por pagar su precio -todos- en los lugares donde esta es escasa.