Bolivia 2003: estalla la Guerra del Gas (2)

Desde 1982 hasta hoy Bolivia no había estado exenta de conflictos, sin embargo ha tenido un período de 30 años de gobiernos constitucionales, algunos de los cuales han obtenido un amplio apoyo popular. Esto marca una gran diferencia con otros períodos de su historia marcados por la inestabilidad política y los sucesivos gobiernos de facto.

Pero entre 1990 y 2003 se fueron acumulando fuertes presiones sociales, producto de los cambios antes resumidos que terminaron con las protestas conocidas como la Guerra del Gas. Entre estas presiones, podemos mencionar el empobrecimiento de las provincias mineras del altiplano, por falta de inversión en proyectos nuevos y procesos de privatización poco transparentes que terminaron con una baja en la producción física de los principales minerales de exportación.

El deterioro de la producción de gas natural también se explica por falta de inversión, pues para generar valor agregado se necesitan instalaciones mucho más complejas de las que el Estado Boliviano podía financiar y el clima político no lograba entusiasmar a grandes inversores transnacionales. El gas natural, que había generado grandes expectativas a mediados de los años ochenta terminó siendo exportado sin separar y a bajo precio a países como Argentina, Brasil y Venezuela. Aunque en la década entre 1990 y 2000 existía optimismo respecto a su potencial económico, el sentimiento popular era contrario a aceptar inversión extranjera.

Los efectos de la política de erradicación de cultivos de coca, impulsada principalmente por los presidentes Hugo Banzer y Jorge Quiroga (1997-2002) causaron el derrumbe de la economía de la coca y un terremoto silencioso en la situación de miles de campesinos y otras personas relacionadas con la actividad de los cultivos y su comercialización, la cantidad de campesinos empobrecidos que emigraron desde zonas cocaleras coincide con el gran crecimiento de población en la ciudad de El Alto, que mas tarde sería el epicentro de las protestas.

El proyecto de Pacific LNG para un gaseoducto en un puerto de Chile o Perú, comenzó a gestarse en el año 2001 aproximadamente. Si bien era una propuesta económicamente atractiva para Bolivia, pues podría solucionar el problema de falta de inversión y asegurar un contrato de suministro de a lo menos 10 años. Pero tenía características que lo hacían políticamente inviable y que lo hicieron ideal para catalizar el malestar social que se venía acumulando por diversas causas, entre otras las descritas anteriormente. Perrier y Roux (2012) lo describen así:

Una crítica, con una fuerte connotación ideológica, reina en los círculos económicos, así como en los medios intelectuales o populares bolivianos.(El Deber del 1-2001).Según ella, la privatización de las grandes empresas públicas ha resultado en la subasta de los recursos y riquezas nacionales del Estado, en provecho del gran capitalismo internacional. La campaña para la elección presidencial iniciada el mes de abril, incita a la subasta de las corrientes nacionalistas sobre el tema "nos están robando nuestras riquezas".

La posibilidad de que empresas transnacionales exportaran gas a través de puertos chilenos era una provocación abierta a los sentimientos nacionalistas de la izquierda y grupos anti globalización. La ciudad de El Alto había tenido un gran crecimiento por el desplazamiento producido por el despido de más de 27.000 mineros al privatizarse la minería estatal, que fueron expulsados de los campamentos donde habían vivido por generaciones (Marta Cabezas, 2005), a estos debe sumarse la migración de los campesinos de zonas cocaleras a los que se habían erradicado sus cultivos de coca. El Alto durante el año 2000 era un polvorín donde se concentraron las protestas que terminaron con el gobierno de Sánchez de Losada y con uno de los períodos más largos de políticas liberales en Bolivia, entre 1985 y 2003.