El cambio de gabinete

Creo que la mayoría de lo que había que decir sobre la renuncia del ministro de hacienda, su subsecretario y el ministro de economía ya se ha dicho y escrito extensamente, no veo para que repetir lo que es sabido. Tampoco quiero comentar chismografía, desahogar la antipatía que tengo hacia Bachelet ni nada de eso.

Porque hay algo que parece que no se ha dicho, o al menos yo no lo he leído en ninguna parte, que tal vez es lo que realmente importa en todo esto. No se preocupen, acá está su servidor, con una mulita de pisco en la mano -a ver si se me aclaran un poco las ideas- para contarles. Aquí voy.

Preámbulo

Esto tiene bastante que ver con la mini serie que estaba escribiendo, que partió con Las Consecuencias de ser un País Minero y siguió con ¿Por qué mejor no Exportamos Stradivarius?. Se trata de lo siguiente: si vemos los diez años de crecimiento económico sostenido a altas tasas que tuvo Chile, entre 1986 y 2006, con los grandes efectos de disminución de la pobreza, esto coincide perfectamente con la aparición de la Ley Minera y el nuevo Código de Aguas, con el lógico retraso que se produce entre el momento en que la ley empieza a operar, cuando se deciden las inversiones y cuando estas empiezan a mostrar sus resultados.

Nuestro altísimo crecimiento durante 10 años fue reflejo del crecimiento de las grande inversiones mineras privadas, junto con toda la actividad económica que arrastraron en torno a eso: contratistas, empleos bien pagados, logística, comercio, etc.

Durante años, el senador Lavandero, promovió una estupidez que resultó carísima al país, al proponer la Ley del Royalty Minero, que fue aprobada el año 2010, una ley además de dañina inútil, porque son impuestos que se han consumido entre un grupo de amigotes en el más grosero ejemplo de crony capitalismo. Desde ese momento la reputación de Chile como país confiable donde las leyes no variaban se fue al diablo.

Perder la reputación
"La reputación crece lenta como una palmera, y se puede desplomar tan rápido como la caída de un coco" La pérdida de reputación es lo peor que le puede pasar a una persona o a un país, Chile perdió su reputación en 2010 y el peak de inversiones del año 2011 en pleno superciclo cuando el cobre alcanzó su record de US$ 4.60 por libra, solo se destinó en ampliar lo que ya estaba instalado. Hoy las inversiones han caído de manera brutal, estamos muy cerca del piso que alcanzaron el 2006.

¿Que tiene que ver esto con el cambio de gabinete?
Muchísimo, todo el largo y aburrido preámbulo era para mostrarles que existe una tendencia que viene desde mediados de los años 90, de 1997 para ser más exactos, cuando se disparó el apetito fiscal por problemas de caja en el gobierno. Desde entonces la inversión directa en proyectos nuevos se viene resintiendo. El gobierno de Bachelet ha sido la guinda de la torta, la aceleración de un proceso que lleva 20 años sin que nadie se de mucha cuenta, en donde los intereses políticos han ido erosionando la reputación de Chile como país donde conviene invertir en grandes proyectos.

Los intereses políticos
Desde 2006 los gobiernos han necesitado más y más plata cada año, para comprar votos, robar y repartir entre los camaradas, dar empleos fiscales ficticios con renta espléndida a los beneficiados -el ex ministro de Bachelet, Vidal, gana casi 24 mil dólares todos los meses por un trabajo nominal en el Banco del Estado- si bien no son muchos los que disfrutan de tanta munificiencia, hay cientos de miles que tienen sueldos muy superiores a los de mercado por no hacer nada.

Con la llegada de los comunistas al gobierno, la necesidad de darles trabajo a gente incapaz de hacer nada productivo creció exponencialmente, igual que las pensiones vitalicias a cientos de miles de falsos exonerados, las asesorías millonarias a empresas del estado, proyectos fallidos y fantásticamente costosos como la Reforma Procesal Penal, Transantiago y tantos otros. Todo esto ha ido aumentando la necesidad de ingresos de cada gobierno.

El fraude ambientalista
Junto con la ruina de la caja fiscal y la pérdida de reputación ante los inversionistas extranjeros, tenemos un pequeño pero muy activo grupo de "ambientalistas" financiados por intereses internacionales que se dedican a atacar con saña cualquier cosa que signifique inversión extranjera sana, por el interés de empresas alternativas, caras que buscan subsidios del estado con el pretexto de "salvar el planeta".

En un país donde tenemos una de las mayores riquezas en energía hidroeléctrica del mundo, se las han arreglado para sabotear cualquier inversión importante en eso, para ello se tienen comprado a parte importante del poder judicial. Así es como tenemos un costo de energía mucho más alto de lo que podríamos tener por darle el gusto a unos sinverguenzas que lo que menos les importa es la ecología.

El problema institucional
Chile ha tenido desde hace años el fetiche institucional. Las instituciones fueron quebradas durante Allende y restauradas con fuerza durante los militares. Aquí está la base del problema, tenemos una institucionalidad pervertida, impecable en las formas y corrompida en el fondo.

El proyecto minero Dominga, de puerto y mina de concentrado de hierro, debe ser el primer proyecto nuevo de relativa importancia desde hace muchos años, se ha tenido que comer el proceso absurdo y kafkiano de "aprobación" donde pasa por muchas personas que tienen poder de veto: autoridades ambientales, políticas y judiciales, donde los técnicos están en completa minoría Finalmente fue rechazado en el Consejo de Ministros, por razones mezquinas y tal vez hasta personales, que jamás deberían influir en las nuevas inversiones..

Ese es el verdadero problema y es tan groseramente evidente, que hasta gente del propio gobierno se dio cuenta de lo que estaba pasando y del costo reputacional de rechazarlo por razones espurias. En una institucionalidad verdadera, no de cartón como la actual, solo deberían tener poder de veto una autoridad, absolutamente técnica, si el proyecto tiene costos ambientales inaceptables, que superan los beneficios, una sola instancia.

Esa autoridad hoy no existe, lo que hay una cadena donde hasta un comité de viejas chifladas e ignorantes pueden vetar proyectos fundamentales. Aquí lo que falló de manera desastrosa es la participación con derecho a veto de una serie de instancias que no pueden vetar inversiones por ningún motivo -incluidos los jueces- porque son ignorantes, no pueden decidir sobre cosas que no conocen ni entienden.

A futuro
Chile es un país minero y la única forma de recuperar nuestra economía y crecimiento es que vuelvan las grandes inversiones en nuevos proyectos mineros. Para eso la actual institucionalidad tiene que cambiar, es urgente. No puede ser que hasta el gato pueda vetar un proyecto, la comunidad claro que puede opinar y poner condiciones mínimas, pero en ningún caso vetar. Mucho menos los jueces ¿que idea tienen ellos de lo que es un proyecto minero? Grandes decisiones quedan en manos de ignorantes. Para que hablar de ministros o autoridades de gobierno. Lo que debe existir -urgente- es un organismo técnico-económico con una independencia tipo Banco Central, que estudie los proyectos y con fundamentos sólidos los apruebe o rechace, una sola instancia.

Creemos tener una enorme riqueza mineral, en realidad no tenemos ninguna riqueza, solo rocas y arena. Hasta que alguien apuesta una enorme cantidad de recursos para convertir las piedras en barras o concentrados, ahí recién se crea la riqueza. Miren a Bolivia, que tiene la reserva de hierro más grande del mundo en el Mutún y jamás le ha sacado un peso porque a nadie le interesa invertir ni trabajar con Evo Morales. Miren a Bolivia y aprendan, estúpidos, porque vamos por el mismo camino.