Soberanía y juez Garzon

Para entender la reciente condena al juez Baltazar Garzón, hay que saber primero lo que significa la soberanía, la razón de estado y como funciona la gente que se mueve en la zona gris donde se toman esa clase de decisiones.

Una de las mejores explicaciones del concepto de soberanía, la leí hace tiempo ya ni me acuerdo donde, decía que la soberanía era la facultad de decidir cuando declarar el estado de excepción. El que decide esto es -sin ninguna duda- el soberano.

El concepto se oculta normalmente tras un montón de palabras de propaganda y poesía, pero la verdad es que la soberanía significa no estar sujeto a ninguna otra ley más que a su propia voluntad. Una de esas expresiones poéticas es la "soberanía popular" donde supuestamente "el pueblo" es el único soberano que no está sujeto a las leyes y puede cambiarlas cuando se le antoje. Pero resulta que "el pueblo" no existe, es una idealización sin ninguna expresión real o práctica: todos somos nadie.

En el mundo real, bajo cualquier sistema de gobierno, la soberanía de los países se encarna en una sola persona o a lo más en un pequeñisimo grupo: presidente, comité central, junta de gobierno o como se llame. No es "el pueblo" ni podría serlo, el pueblo muy rara vez toma decisiones importantes y nunca decisiones soberanas.

El ejercicio de la soberanía tiene que ver con algo que se conoce como "razón de estado", que significa que en circunstancias excepcionales, el soberano (presidente o lo que sea) puede actuar sin estar sujeto a la ley ni a la constitución. Así es como funciona el espionaje en todos los países por ejemplo, dicen que son organismos que trabajan de manera "clandestina" eufemismo para no decir "ilegal" y todos lo aceptan como necesario.

La seguridad interior del estado también tiene en todo el mundo un brazo clandestino, que comete ilegalidades basadas en razón de estado. En Estados Unidos, la cuna de la democracia moderna, existe el "privilegio ejecutivo" que permite al presidente ocultar información que pueda afectar a la seguridad nacional, interna o externa. Bajo ese privilegio se ocultan ordenes de asesinato selectivo y otras cosas feas, que en condiciones normales implicarían un juicio y carcel. Todos los países del mundo tienen servicios clandestinos.

Como es sumamente peligrosa, la soberania, o sea el poder para decidir cuando existe un estado de exepción que justifique actuar por sobre la ley, está limitado solo a la más alta autoridad, el soberano. Pero ocurre que muchas veces los que ejecutan la soberanía empiezan a tomar decisiones por si mismos, poco a poco el soberano deja de preocuparse de los detalles y son los operadores de medio pelo que -en la práctica- quedan ejerciendo el delicado arte de la soberanía. Especialmente en asuntos que tienen que ver con la seguridad del estado y el terrorismo.

Es lo que pasó con Baltazar Garzón, que acaba de ser inhabilitado por 11 años en el primer caso de los tres por los que está siendo juzgado. Un tipo ambicioso, audaz y buscador de fama, sirvió muy bien como operador cuando existían razones de estado. Siempre los políticos de alto rango tienen su juez de confianza y parece que Garzón era de confianza de varios.

Y así fue como empezó a ejercer el mismo la soberanía, confiado en que tenía buenas espaldas y en que los resultados políticamente rentables de sus juicios lo protegerían de todo mal. Ordenó grabar clandestinamente (o sea ilegalmente) las conversaciones entre unos presos y sus abogados, ahora que se quedó sin apoyo político le toca pagar la cuenta.

Tiene otro juicio también por prevaricación, por insistir en juzgar delitos anmistiados alegando que la legislación internacional está por sobre la doctrina de la justicia nacional. Lo que no sabe el pobre es que eso no lo determina el, sino nuevamente es el soberano quien lo decide y en este caso el soberano mandará sus señales a los jueces y también puede ser condenado por este segundo juicio. El interés nacional en España seguramente aconseja no revolver el avispero de los años del franquismo, cosa que puede admitirse para los países sudamericanos, no para España.

El tercer juicio que enfrenta Garzón es el peor de todos porque se trata de un caso de cohecho. Resulta que solicitó y recibió el patrocinio de Emilio Botin, Presidente del grupo Santander por algo más de 300 mil dólares para dictar dos series de coloquios para la Universidad de Nueva York.

Cuando volvió de Nueva York, a los cinco meses recibió una querella contra Botin y no se inhabilitó, pese al dinero que había recibido de él y a la estrecha amistad que los unía, como se puede ver en las muy cordiales cartas que intercambiaron. Y adivinen que pasó con el juicio a Botin: obviamente salió absuelto.

No es raro que los ejecutores de razón de estado, que trabajan en asuntos clandestinos se acostumbren a hacer cosas ilegales. Primero empiezan por convicción de que pueden hacer justicia expedita por mano propia, o por ansias de figuración personal y luego pasan derechamente a la corrupción personal. En Chile tuvimos un caso notorio de esto con el General Manuel Contreras, es muy difícil controlar la tentación de ser soberano, aunque sea un poquito.

Pero ese placer está reservado para los jefes, jamás para los subalternos. Cuando un medio pollo se olvida de su condición, aunque sea juez-magistrado de las cortes y aunque lo defiendan en un editorial del New York Times, está frito, normalmente termina mal. Es lo que le pasó a Garzón tal como le ha pasado a muchos otros en condiciones similares.