Igual como en Bolivia

Acabo de leer un inquietante artículo de Alejandro Cárcamo sobre los abusos que está permitiendo la investigación penal desformalizada, una facultad que tiene el Ministerio Público, que está usando el gobierno y la propia fiscalía para cometer abusos de poder parecidos a lo que están ocurriendo hoy en Bolivia, en el gobierno de Evo Morales.

En palabras simples esta es la facultad que tiene la fiscalía para comenzar a investigar cuando se sospecha que ha ocurrido un delito, pero todavía no decide si formalizará o no a los responsables. A veces la fiscalía, en uso de esta facultad, pasa meses y hasta años investigando sin que llegue a formalizar ante un juez de garantía a nadie, porque los fiscales tienen una curiosa facultad discresional, exclusiva y privativa: decidir si formalizan o no un delito. Nadie, ni el tribunal ni las partes pueden intervenir en esta decisión.

Esto tiene efectos evidentes de abuso, cuando los fiscales eternizan algunas investigaciones con objetivos políticos, para convertirlas en acusaciones permanetes sin darles posibilidad a los investigados de defenderse en un juicio -caso evidente contra varios políticos de oposición al gobierno- o por el contrario, alargan las investigaciones hasta que llega la prescripción legal, lo que les permite salvar el cuello de algún favorito del gobierno, como ocurrió con Ominami y es evidente que están haciendo con todos los políticos de gobierno en el caso Soquimich o con la propia presidente y sus cercanos en la investigación por el financiamiento de sus campañas.

Bolivia es un país donde la mayoría de sus gobernantes son más burdos, ignorantes y tal vez menos escrupulosos que en Chile, Evo al verse descubierto como un corrupto, está reaccionando de manera desesperada sin ningún respeto por las formas, como cualquier gorila de los años sesenta. Está usando a su fiscalía para apresar y amedrentar. hasta a los abogados de las partes que les puedan perjudicar, están en niveles haitianos de los años de Papa Doc, o venezolanos, para no ir tan atrás. Lo preocupante es que el Gobierno de Chile se está acercando a una situación parecida, donde ya ni siquiera les interesan las formas para abusar y perseguir a los enemigos políticos usando el Ministerio Público.

Hoy estamos en Chile ante total inseguridad cuando un delito tiene connotación política. Los mismos hechos pueden llevar a juicios y hasta a condenas de cárcel si el acusado es opositor o a la impunidad más completa, vía prscripción  si el afectado es la presidente o alguien afín a su gobierno. Estamos ante una brutal desigualdad ante la ley, una frontera que ni siquiera Allende se atrevió a cruzar en los años más difíciles de su gobierno.

El gobierno Bachelet abrió una Caja de Pandora en el momento que empezó a usar la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos como brazos políticos contra los opositores, porque están cayendo en el mismo problema que tiene Evo Morales en Bolivia: al abrir investigaciones e inventar delitos por motivos políticos aparecen delitos mucho peores cometidos por el gobierno y los suyos. Eso lo pueden aguantar legalmente los fiscales, pero no se puede ocultar a la opinión pública, no en 2016 al menos.

En el Caso caval, que involucra al hijo y nuera de la presidente, ayer apareció una conversación telefónica, interceptada secretamente por carabineros, que nombra directamente a la presidente como receptora de una millonaria coima, el que habla dice algo así como "si yo hablo, la viejita (Bachelet) tiene que renunciar inmediatamente". Bueno, la presidente salió de inmediato a declarar que er una bajeza, que no descartaba un montaje y que emprendería acciones legales. ¿Contra quien? ¿Contra Carabineros que hizo la grabación? ¿Contra el que lo dijo en una conversació privada, interceptada secretamente por Carabineros? Difícil la cosa.

Recordemos que no es primera vez que aparece mencionada en conversaciones interceptadas como receptora de coimas o fraudes al fisco. Hace un par de años un señor de apellido Arenas dijo -en una serie de conversaciones- que el desfalco en el Servicio de Registro Civil, del que él fue director, era para entregar el dinero a Bachelet. El jefe de el servicio que interceptaba las conversaciones en la PDI tuvo la prudente idea de quemarlas, pero por casualidad sobrevivió una, que todavía anda penando a la presidente por ahí.

Bueno, el caso es que el Poder Judicial ha condenado muchas veces a personas en casos de supuesta corrupción o de atropello a derechos humanos por simples declaraciones y ha aceptado a las grabaciones telefónicas interceptadas como pruebas. Ahora no tengo dudas que se harán los zonzos.

Existe una sola ley pero dos formas opuestas de juzgar: ante un mismo hecho una persona es culpable si pertenece a la oposición e inocente si pertenece al gobierno. Nunca en mi vida, que yo recuerde, un gobierno cayó tan abajo, siempre conservaron cierto pudor por respetar las formas del estado de derecho. Me lo explico en Bolivia con su larga tradición de gobernantes corruptos y gorilas, pero me cuesta creer que algo así esté pasando en Chile.