El Caso Riggs para dummies

El general Augusto Pinochet encabezó el Gobierno Militar enre los años 1973 y 1990. EL año 2004, cuando ya no era comandante en jefe del Ejército, apareció una denuncia sobre "movimientos sospechosos" de dinero en el Banco Riggs de Estados Unidos. En la primera denuncia se anunciaron 127 cuentas distintas por "sobre 26 millones de dólares" pertenecientes al general bajo diferentes nombres.

El Consejo de Defensa del Estado en Chile se querelló contra el general por el delito de "malversación de fondos públicos" y en enero de 2005 por orden del juez Sergio Muñoz ordenó la detención de la secretaria y del albacea del general, además del allanamiento de sus oficinas y el 7 de junio le retiraron la inmunidad parlamentaria, siendo procesado por cuatro delitos: fraude al fisco, uso de pasaportes falsos, declaración de bienes falsa y elusión de medidas cautelares. Esto le sirvió a Muñoz para su promoción como ministro de la Corte Suprema.

En reemplazo de Muñoz fue nombrado Carlos Cerda, quien luego de un interrogatorio muy educado y medidas cautelosas, pasado un tiempo, ordenó una serie de órdenes de detención y allanamiento en contra de la familia y empleados del general, incluido su antiguo albacea, el iquiqueño Oscar Aitken. Al poco tiempo de esto decretó la libertad provisional de todos, pero el efecto publicitario ya se había logrado.

Luego de esto 15 de los 17 encausados fueron sobreseídos por la Corte de Apelaciones en un fallo que decía "no se advierte que los encausados tuvieran conocimiento y voluntad en torno al designio criminal de apropiarse de caudales públicos" (..,) "hubo una clara violación de sus garantías individuales, reconocidas tanto por las Convenciones Internacionales suscritas, ratificadas y vigentes en nuestro país, como por la propia Carta Fundamental Nacional y los mandatos que sobre la materia se contienen en el Código de Procedimiento Penal". Esta sentencia fue ratificada por la Corte Suprema.

Las investigaciones siguieron con intensidad sin que pudiese acreditarse ningún delito contra el general Pinochet y menos contra su familia, no se encontró ni menos se acreditó ni un solo delito, hasta que en 2006 muere el general y la causa es sobreseída definitivamente.

Al juez Carlos Cerda tampoco le fue nada mal, porque aparte de haber recibido el premio de 167 mil dólares de la Fundación Gruber de Estados Unidos, con el tiempo fue también ascendido a ministro de la Corte Suprema, pese a haber recibido una amonestación de la misma corte por su proceder arbitrario y abusivo del poder.

Llega entonces el ministro Manuel Valderrama a hacerse cargo de la causa y somete a proceso a tres generales y tres coroneles en retiro, que habían sido jefes de la Casa Militar por el delito de malversación de caudales públicos y en mayo de 2014 los condenó por malversación de US$ 6.466.406.68. Durante todos esos años se mantuvieron confiscados los fondos y propiedades del general Pinochet, es decir, durante más de diez años la familia no pudo disponer de sus propios bienes.

En junio de este año, la Corte de Apelaciones de Santiago, por fallo unánime sentenció que " no existió un delito continuado de malversación de caudales públicos por parte de los mencionados, desde 1981 hasta 2004, por lo que debe operar la prescripción de la acción penal", tal cual, "no existió el delito". Este fallo fue confirmado hoy por la Corte Suprema, con lo que se ordena restituir los dineros de cuentas y propiedades a la familia Pinochet y revocar la sentencia del ministro Valderrama contra los seis oficiales condenados por él.

Pero la historia no termina aquí. El año 2015, la presidente Bachelet postuló para ministro de la Corte Suprema, adivinen a quien. ¡Bingo! al ministro Valderrama, que fue confirmado por el Senado por 30 votos a favor y una abstención. Hoy es ministro de la Corte Suprema, igual que Muñoz y Cerda y se hace llamar "Excelencia", que tal cuajo.

Solo para que vean como es esa corrupción que no sale en los diarios, solapada, que encumbra a mediocres que son serviles con los intereses políticos de turno y que tienen estómago para encausar inocentes, abusar del poder, actuar con la prepotencia de quien se sabe con padrinos políticos poderosos y que han llegado a "excelencias" gracias a su servilismo con el poder político y su espina dorsal gelatinosa.

No toda la Corte Suprema es así. Conocí al ministro Juan Fuentes cuando estuvo en la Corte de Apelaciones de Arica y tengo la impresión que es una persona sencilla y correcta, de la ministro Gloria Ana Chevecich tengo respeto por su gran trayectoria, que la tuvo en el freezer judicial durante años, pero las cortes del país y la propia Suprema están llenas de estos pobres diablos serviles, que ascienden en premio por favores a los políticos.

Si no tenemos justicia no tenemos nada. El estado no vale nada si los jueces son corruptos y abusadores y eso es lo que ha venido pasando en Chile desde hace años y se ha acelerado en los dos gobiernos de Bachelet donde la falta de escrúpulos ha sido la norma. En este segundo período hemos visto como los jueces rompen todos los estándares de la vergüenza, siendo brazos ejecutivos de los intereses políticos y recibiendo generosos premios por eso: ascensos, nombramientos de notarios, abogados vitalicios en el Consejo de Defensa del Estado con toda clase de privilegios. El poder corrosivo de esas políticas y el pésimo ejemplo para los escalafones inferiores es enorme. En el Ministerio Público ha pasado exactamente lo mismo.

Creo que esto es mucho más grave que el desastroso manejo de la economía o que la falta absoluta de capacidad y gestión que han mostrado los políticos de gobierno en los últimos años. La economía se arregla más o menos rápido, pero la falta de reputación, el convencimiento que hay bribones que deben ser tratados de "excelencias" es algo mucho más peligroso y difícil de arreglar.